El próximo año supondrá un gran desafío para las finanzas públicas portuguesas debido al contexto de elevada inflación, empeoramiento de las condiciones financieras y fuerte desaceleración de la economía. En este contexto, además de la probable desaceleración del crecimiento de los ingresos fiscales y contributivos ante el menor avance de la renta de familias y empresas, aumenta el riesgo sobre el comportamiento de los gastos. En este artículo, nos centramos en estimar el impacto del aumento de los intereses sobre el gasto público y de la inflación sobre las partidas de gastos de personal y pensiones.

En cuanto a los gastos de personal, hay que tener presente que le corresponde al Gobierno, durante la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, la decisión sobre la actualización de los salarios de los funcionarios públicos. El Gobierno ya confirmó que dicha actualización dependerá de la capacidad de pago del Estado y de las negociaciones salariales con los sindicatos. En este ejercicio asumimos una subida salarial del 2% en 2023, de acuerdo con el objetivo para la tasa de inflación a medio plazo (del 2%). En este contexto, y suponiendo un crecimiento del número de funcionarios públicos del 1%,1  los gastos de personal aumentarían un 3% y el impacto en los gastos rondaría los 0,3 p. p. del PIB (este cálculo no tiene en cuenta el impacto de los progresos en la carrera u otros aumentos de la masa salarial). Cabe destacar que, en caso de que el Gobierno optase por actualizar los salarios al tipo de inflación medio registrado en los 12 meses hasta noviembre de 2022,2  como se ha aplicado en los últimos años, los gastos de personal aumentarían más de un 8% respecto a la previsión para 2022 y el impacto en las cuentas públicas podría alcanzar los 0,9 p. p. del PIB.

Con respecto a las pensiones de jubilación, si consideramos la fórmula que se aplicará en 2023 y que se anunció recientemente,3  estimamos que el impacto en el gasto público alcance los 0,6 p. p. del PIB (es decir, un aumento de más de 1.400 millones de euros).4

Finalmente, y atendiendo a las expectativas de aumento de los tipos de interés por parte del BCE de al menos 100 p. b. adicionales hasta 2023, es razonable que los tipos de interés soberanos acompañen, por lo menos en parte, a este movimiento. Incorporando esta subida de los costes de financiación, estimamos un aumento del gasto por intereses de la deuda pública entre 0,2 y 0,3 p. p. del PIB, lo que situaría el pago de los intereses en el 2,4%-2,5% del PIB. Asimismo, el aumento de los tipos se irá notando progresivamente en los próximos años, a medida que el stock de deuda se vaya renovando y la deuda vencida se vaya sustituyendo por otra más cara. De este modo, la tendencia de aumento del peso de los intereses de la deuda en el PIB y en el gasto público se antoja inevitable y significa que la política fiscal encontrará en esta partida una restricción cada vez más fuerte, que debe tenerse en cuenta en el diseño de las políticas futuras.

Hay otros factores que probablemente también presionarán el gasto público al alza, como el impacto de la inflación en los nuevos contratos de suministro de bienes y servicios a las Administraciones públicas, la eventual necesidad de prolongar y/o implementar nuevas medidas de apoyo a las familias y a las empresas para atenuar los efectos de la crisis energética, y el aumento de los precios de los alimentos en sus presupuestos y la actualización del índice de las ayudas sociales, que tendría repercusiones en el aumento de otras prestaciones sociales como el paro.5

Pese a estos impactos y al efecto residual que el paquete «Las familias primero» todavía tendrá el próximo año, el déficit en 2023 podría reducirse desde el 1,9% del PIB estimado por el Gobierno para 2022 hasta niveles cercanos al 1,3% del PIB, favorecido por el avance del PIB nominal y el impacto de la inflación en el alza de la recaudación al aumentar las bases impositivas. No obstante, cabe mencionar que, más allá de otros efectos, no se consideran posibles medidas discrecionales que puedan llegar a incluirse en la propuesta de Presupuesto de Estado para 2023, que se dará a conocer a mediados del mes de octubre, o la posible sorpresa positiva en la ejecución presupuestaria de 2022.6