El Gobierno ha presentado un segundo plan de choque para amortiguar el impacto económico de la elevada inflación. Este segundo paquete implicará, según estimaciones del propio Ejecutivo, un esfuerzo presupuestario de más de 9.000 millones de euros (0,7% del PIB) que se descompone en 5.500 millones más de gasto y 3.600 en reducción de ingresos por rebajas fiscales en los impuestos de la electricidad. El impacto en déficit será algo menor, del 0,5% del PIB según la estimación de AIReF.1

La implementación de nuevas medidas (el primer plan de choque se concibió para abril-junio y estaba dotado con 6.000 millones) se enmarca en un contexto en el que la inflación está mostrando una mayor persistencia e intensidad de lo esperado. El plan tiene dos ejes: el primero es la renovación hasta el 31 de diciembre de las principales medidas ya implementadas en abril y que vencían a finales de junio. El segundo es una batería de nuevas medidas centradas en las familias más vulnerables. De los 9.000 millones, unos 8.000 corresponden a la prolongación de las medidas vigentes y solo 1.000 a las nuevas medidas anunciadas.

En primer lugar, se ha extendido hasta el 31 de diciembre la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los usuarios. De los 5.500 millones de gasto público del plan de choque, el Ejecutivo estima que el grueso (4.038 millones)2 provendrá precisamente de esta bonificación. Se trata de una medida cuya extensión ha generado un intenso debate económico debido a su carácter universalista (beneficia por igual a todos los usuarios independientemente de su renta), a su coste elevado y a que su efectividad está condicionada a que los operadores no absorban dicha bonificación a la hora de fijar los precios. En otras economías europeas se han tomado medidas similares, aunque no se han extendido hasta finales de año; en Francia, por ejemplo, la rebaja de 15 céntimos por litro de carburante en la automoción se extenderá hasta finales de agosto y a partir de septiembre el presidente Macron aboga por sustituirlo por un mecanismo más focalizado para los grandes transportistas (se desconocen los detalles a cierre de este informe), mientras que en Italia el recorte de 25 céntimos por litro de gasóleo se ha extendido hasta el 2 de agosto.

Por otro lado, se han prolongado las rebajas de los impuestos de la electricidad, que benefician a prácticamente la totalidad de hogares, hasta diciembre con una rebaja adicional en el IVA del 10% al 5% (IVA del 21% antes de abril).3 En total, el Gobierno calcula que la minoración de ingresos fiscales por estas rebajas (IVA del 21% al 5%, impuesto especial de la electricidad del 4,11% al 0,5% y suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica) estará en torno a 3.600 millones de euros entre junio y diciembre (comparación con un escenario con los precios de la energía en niveles elevados, pero dejando vencer estas medidas en junio). De estos, la rebaja adicional del IVA del 10% al 5% implicaría una merma de ingresos de unos 440 millones de euros de tal forma que la rebaja del IVA del 21% al 5% supondrá una reducción total de ingresos públicos de prácticamente 1.200 millones en los próximos seis meses.

Finalmente, también se han prolongado hasta diciembre el tope del 2% sobre la subida del alquiler en caso de que no haya acuerdo entre las partes, los mayores descuentos del bono social eléctrico (del 60% en lugar del 25% para colectivos vulnerables y del 70% en lugar del 40% para casos graves) que se ampliaron de forma excepcional a 600.000 personas más y el aumento del 15% en el ingreso mínimo vital (IMV).