¿Cómo se define y cómo se mide la desigualdad?

La desigualdad económica preocupa a los ciudadanos: un 81% de los europeos cree que las diferencias de ingresos son demasiado elevadas y un 78% considera que los Gobiernos deberían tomar más medidas para reducirlas (Eurobarómetro, 2022).1 En este Dossier, analizaremos su evolución durante las últimas décadas, tanto a nivel global como en España. Sin embargo, antes de entrar en materia, repasamos las principales métricas para seguir la evolución de la desigualdad y también las distintas palancas que se pueden utilizar para promover una distribución más equitativa de los ingresos.

Los ingresos son la principal variable que determina la prosperidad económica de los individuos y por ello se usan para analizar la desigualdad económica. Una de las métricas más utilizadas es el índice de Gini, debido a su simplicidad y capacidad para resumir la dispersión de ingresos en una sola cifra. Este índice toma valores entre 0 (igualdad perfecta) y 100 (desigualdad máxima), lo que facilita la comparación entre diferentes países y periodos. El índice de Gini es muy informativo, aunque tiene limitaciones. Por ejemplo, no proporciona información detallada sobre la distribución de ingresos en los extremos de la distribución. Para tener una visión más completa, puede ser útil combinar esta métrica2 con otras, como las ratios de ingresos para distintos percentiles de la distribución o el porcentaje del total de los ingresos que recibe el 1% de la población con mayores ingresos. Este último indicador se centra en la concentración de ingresos en la parte superior de la distribución, proporcionando una visión de la desigualdad extrema. Asimismo, es importante destacar que no solo la desigualdad de ingresos influye en el bienestar económico. La desigualdad de riqueza, por ejemplo, puede ser distinta a la desigualdad de ingresos, pero también es relevante.

Un distinto nivel de ingresos puede ser resultado de un distinto nivel de esfuerzo, formación o emprendimiento. En una sociedad meritocrática, es razonable que aquellos que invierten más tiempo y recursos en su formación o que asumen riesgos empresariales reciban mayores recompensas económicas. Sin embargo, una mayor desigualdad de ingresos también puede ser resultado de que las oportunidades no están equitativamente distribuidas y, por tanto, se frena el ascensor social. Este segundo motivo, además, puede ser particularmente dañino para la cohesión social. La percepción de injusticia y la falta de movilidad social pueden generar resentimiento y desconfianza en las instituciones.

Asimismo, la desigualdad económica puede llevar a algunas personas a tomar decisiones ineficientes dadas sus preferencias y sus capacidades. Las personas con ingresos bajos a menudo enfrentan restricciones severas en su capacidad para acceder a información y recursos necesarios para tomar decisiones tanto en el ámbito laboral como en el formativo. Por ejemplo, pueden no tener tiempo para buscar las mejores oportunidades laborales o para invertir en su educación debido a la necesidad de trabajar largas horas para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación no solo perpetúa la desigualdad, sino que también resulta en una asignación ineficiente de recursos humanos, lo que puede afectar negativamente el crecimiento económico general. Así, mientras que algunas desigualdades de ingresos pueden ser justificables y beneficiosas para la economía, es crucial abordar desigualdades excesivas o que surgen de la falta de oportunidades para promover una sociedad justa y cohesionada.

Tradicionalmente, las políticas para reducir la desigualdad se han distinguido en dos grupos: aquellas que actúan antes de que una persona se incorpore al mercado laboral y empiece a generar ingresos, y aquellas que actúan directamente sobre la distribución de ingresos. Así, las medidas de redistribución, principalmente a través de una imposición progresiva y un catálogo de ayudas públicas como los subsidios de desempleo, ERTE e ingreso mínimo vital, entre otros, reducen la desigualdad modificando directamente la desigualdad de ingresos. En cambio, las políticas públicas que tienen como objetivo reducir la desigualdad ex ante son aquellas que fomentan la igualdad de oportunidades y la empleabilidad. Las políticas educativas, de empleo y sociales contribuyen a una mayor movilidad social y son de creciente importancia. Por ejemplo, a nivel educativo, actuar cuanto antes mediante intervenciones en la primera infancia y la educación primaria ayuda a una mayor igualdad de oportunidades. Hay un tercer tipo de palancas que también está ganando importancia, en este caso debido a las consecuencias en la desigualdad que en algunos casos ha producido el cambio tecnológico y la globalización. Estas son las medidas que actúan directamente en lo que Rodrik y Stantcheva llaman la etapa de producción.3 Concretamente, son las políticas enfocadas a mejorar la productividad, la innovación y, en definitiva, el crecimiento de los sectores más afectados por estas tendencias seculares, como ayudas a la I+D o políticas de competencia.

En definitiva, para lograr una prosperidad inclusiva, las políticas públicas deben actuar en múltiples dimensiones en las llamadas etapas de preproducción, producción y posproducción (véase el gráfico) y también disponen de distintos instrumentos con los que incidir. Es necesario un enfoque integral de las políticas públicas para reducir las desigualdades existentes e intentar evitar que se perpetúen en el tiempo y para fomentar una economía más equitativa y sostenible.